La Mesa reuni\u00f3 a validadores de siete \u00e1mbitos.<\/p>\n
- \n
- Fe p\u00fablica notarial. D. Pedro Rinc\u00f3n de Gregorio, notario n.\u00ba 1 de Esplugues de Llobregat (Barcelona).<\/li>\n
- Judicatura mercantil. Ilmo. Sr.\u00a0D. Leandro Blanco Garc\u00eda-Lomas, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, especialista en asuntos de lo mercantil.<\/li>\n
- Derecho uniforme. Prof.\u00a0Dr.\u00a0Jorge Feliu Rey, Universidad Carlos III de Madrid.<\/li>\n
- An\u00e1lisis econ\u00f3mico. Dr.\u00a0Francisco Llopis Va\u00f1\u00f3, director de Estudios del Instituto de Estudios Econ\u00f3micos de la Provincia de Alicante (INECA).<\/li>\n
- Funci\u00f3n registral. D. Luis Arn\u00e1ez Fern\u00e1ndez, registrador de la Propiedad de Tamarite de Litera (Huesca).<\/li>\n
- Abogac\u00eda bancaria. Dr.\u00a0Jos\u00e9 Francisco Canalejas Mer\u00edn, counsel de Bancario y Financiero de G\u00f3mez-Acebo & Pombo, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha.<\/li>\n
- Servicios de confianza. D. Jos\u00e9 Antonio Amador Garc\u00eda, director del Departamento de Sistemas y Desarrollo de ACCV-ISTEC, Autoritat de Certificaci\u00f3 de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana.<\/li>\n<\/ul>\n
Se reproducen a continuaci\u00f3n, \u00edntegras y en el orden de la Mesa, las intervenciones y conclusiones escritas que los validadores han remitido al proyecto. De la intervenci\u00f3n de Jorge Feliu Rey, en el \u00e1mbito del Derecho uniforme, no se dispone de texto escrito.<\/p>\n
Fe p\u00fablica notarial. Pedro Rinc\u00f3n de Gregorio, notario n.\u00ba 1 de Esplugues de Llobregat<\/h2>\n
Los aspectos cambiarios quedan, por regla general, al margen de la intervenci\u00f3n notarial, apenas intervenimos en los protestos y de manera inhabitual. La excepci\u00f3n son los t\u00edtulos que se utilizan como medios de pago, porque ah\u00ed entran en juego los controles de prevenci\u00f3n del blanqueo y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n
En cuanto a la dicotom\u00eda entre original y copia, conviene no confundir planos. Que el sistema notarial espa\u00f1ol, de tipo latino, se ha construido en torno a la idea de matriz y copia, con numeros\u00edsimos efectos jur\u00eddicos y que esa l\u00f3gica viene de la Edad Media y se consolid\u00f3 con la Ley del Notariado de 1862, no puede siginificar que los notarios la busquemos en todos los \u00e1mbitos. Adem\u00e1s, creo que el propio ordenamiento la ha ido relajando la importancia de la idea de contraste con un original.<\/p>\n
Las sedes electr\u00f3nicas de las Administraciones, replicadas despu\u00e9s por las corporaciones notarial y registral, se mueven, en realidad, en una l\u00f3gica distinta. En realidad no permiten contrastar con un original o, mejor dicho, no es relevante que se contraste con un original, sino que lo que permiten es comprobar la autenticidad e integridad del documento (como dice el propio art. 31.2 de la Ley del Notariado respecto de las copias autorizadas electr\u00f3nicas) frente al que consta en la sede, insisto, sea original o no. Y es que las Normas T\u00e9cnicas de Interoperabilidad lo han llevado al extremo: la copia electr\u00f3nica es materialmente id\u00e9ntica al documento depositado, y solo los metadatos distinguen uno de otro.<\/p>\n
Por eso, desde la \u00f3ptica notarial y respecto a documentos electr\u00f3nicos no notariales, resultar\u00eda m\u00e1s \u00fatil acudir a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos Transmisibles Electr\u00f3nicos (2017) y a la idea de verificabilidad m\u00e1s que a la de contraste con un original. Esa idea tiene dos caras. La primera es poder comprobar que el documento presentado es aut\u00e9ntico. La segunda, tanto o m\u00e1s importante, es poder fiarse del sistema que lo valida. Las sedes electr\u00f3nicas nacionales merecen confianza, pero cuidado, ya se han dado fraudes con sedes extranjeras suplantadas: documentos que parec\u00edan v\u00e1lidos por su CSV o su QR pero se verificaron con una url falsa.<\/p>\n
La cuesti\u00f3n de fondo, en definitiva, no es tanto original o copia, sino poder verificar la validez del documento frente a una fuente fiable.<\/p>\n
Esta conclusi\u00f3n enlaza directamente con los poderes de representaci\u00f3n en el European Business Wallet. Identificar a una persona (PID) o a una empresa (EBWOID) no acredita qui\u00e9n puede obligarla, hay que huir de la idea de que la nueva tecnolog\u00eda crea una nueva caracterizaci\u00f3n de los poderes, o lo que es lo mismo, una autorizaci\u00f3n t\u00e9cnica para usar el wallet no es un poder frente a terceros. Para que una credencial de representaci\u00f3n sea fiable, debe poder contrastarse con la fuente jur\u00eddicamente competente.<\/p>\n
El Reglamento eIDAS 2.0 incluye expresamente los poderes y mandatos entre los atributos verificables frente a fuentes aut\u00e9nticas (art. 45e y anexo VI.9). Inevitablemente, esta norma hay que ponerlo en relaci\u00f3n y contexto con la Directiva 2025\/25, que menciona a los notarios entre las autoridades que verifican la identidad, la capacidad y las facultades en el Digital EU Power of Attorney.<\/p>\n
La idea, por tanto, no es que la fuente registral no sea aut\u00e9ntica o que no sea importante en otros aspectos (EBWOID, por ejemplo), sino que la fuente notarial en la acreditaci\u00f3n de poderes (en el caso espa\u00f1ol) es mucho m\u00e1s completa. En primer lugar comprende personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, aspecto fundamental pues no podemos ni debemos olvidar que eIDAS2 plantea un wallet para las empresas y otro para los ciudadanos. Adem\u00e1s, dec\u00eda, el poder notarial incluye entidades mercantiles o no (cooperativas, UTE, etc) y otras formas jur\u00eddicas (fundaciones, asociaciones, partidos pol\u00edticos, sindicatos, etc). Adem\u00e1s, y es relevante como cierr, los plazos notariales permiten una actualizaci\u00f3n inmediata, que empieza a ser un elemento fundamental en la normativa europea (as\u00ed, por ejemplo, en la normativa de PBC\/FT respecto a la actualizaci\u00f3n de la titularidad real).<\/p>\n
Pedro Rinc\u00f3n de Gregorio. Notario en Esplugues de Llobregat y colaborador con el Centro Tecnol\u00f3gico del Notariado.<\/p>\n
Judicatura mercantil. Leandro Blanco Garc\u00eda-Lomas, magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia<\/h2>\n
PERSPECTIVA JUDICIAL<\/strong><\/p>\n
Leandro Blanco Garc\u00eda-Lomas, magistrado integrante de la Secci\u00f3n Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, especializada en asuntos de lo mercantil.<\/p>\n
Estas l\u00edneas, necesariamente, han de suponer una reivindicaci\u00f3n, un llamamiento al legislador para que acoge en el seno del ordenamiento jur\u00eddico procesal la realidad que supone la generaci\u00f3n de documentos, de medios probatorios, a trav\u00e9s de la t\u00e9cnica o el instrumento del \u201cblockchain\u201d, y que, desgraciadamente, no tiene acogida, dir\u00eda que ni siquiera se ha contemplado, en nuestras normas rituarias.<\/p>\n
Desde el punto de vista del tr\u00e1fico mercantil, que es el \u00e1mbito donde percibo que mayor utilidad puede tener este tipo de documentos o material probatorio, nos encontramos que las ventajas que proporciona la herramienta del \u201cblockchain\u201d, fundamentalmente desde la perspectiva de la concesi\u00f3n de legitimaci\u00f3n y de la acreditaci\u00f3n de los sucesivos endosos de un t\u00edtulo valor (en el modelo propuesto en las jornadas, un pagar\u00e9 o un cheque, pero claramente extensivo a conocimientos de embarques o CMR, tan usados en el transporte), no recibe un correlato procesal que permita generalizar su uso a efectos de garantizar su aportaci\u00f3n en el proceso con normalidad.<\/p>\n
De esta forma, si acudimos a la regulaci\u00f3n del juicio cambiario, veremos que, conforme al art\u00edculo 819 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se afirma que \u00e9ste proceder\u00e1 si, al incoarlo, se presenta letra de cambio, cheque o pagar\u00e9 que re\u00fana los requisitos previstos en la Ley Cambiaria y del Cheque, y que \u00e9sta no recoge la forma en que debe presentarse un t\u00edtulo cambiario generado por un endoso dentro del sistema del \u201cblockchain\u201d, por lo que existe un peligro cierto de que el \u00f3rgano judicial inadmita la demanda sucinta de juicio cambiario, ya que, analizando el \u00f3rgano judicial la correcci\u00f3n formal del t\u00edtulo conforme al art\u00edculo 821.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se encuentre con que \u00e9ste no re\u00fana los requisitos exigidos por la Ley Cambiaria y del Cheque.<\/p>\n
Podr\u00eda pensarse que, no reuniendo los requisitos de la Ley Cambiaria y del Cheque, el t\u00edtulo valor generado con la herramienta del \u201cblockchain\u201d puede ser el documento \u201ccualquiera que sea su forma y clase o el soporte f\u00edsico en que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra se\u00f1al, f\u00edsica o electr\u00f3nica<\/em>\u201d a que se refiere el art\u00edculo 812.1.1\u00ba de la Ley de Enjuiciamiento Civil para iniciar el proceso monitorio.<\/p>\n
En estos casos, tenemos dos resoluciones de la Audiencia Provincial de Murcia que ha descartado atribuir al documento generado por \u201cblockchain\u201d el car\u00e1cter de documento del art\u00edculo 812.1.1\u00ba de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto por el hecho de que no era suficiente el certificado unilateral de deuda emitido por el sistema, como por el m\u00e1s discutible de que no iba acompa\u00f1ado por la certificaci\u00f3n de la firma electr\u00f3nica por un tercero de confianza. Se trata de los Autos de la Secci\u00f3n Primera de la Audiencia Provincial de Murcia n\u00ba 121\/2025, de 25 de marzo (R971\/2024; Pte. Miguel \u00c1ngel Larrosa Amante) y de la Secci\u00f3n Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia, de 26 de junio de 2026, este \u00faltimo suscrito por un servidor. Cometiendo al acto pudoroso de no citarme, transcribo brevemente el argumento que llev\u00f3 al primer auto a rechazar la petici\u00f3n inicial de proceso monitorio:<\/p>\n
\u201c5.- Ahora bien, lo que resulta imprescindible es que dicha firma obre en el contrato y que se justifique la realidad de la misma a trav\u00e9s de la certificaci\u00f3n de tercero de confianza que interviene en el control de la validez de dicha firma electr\u00f3nica. Como se\u00f1ala la SAP Asturias (1\u00aa) 230\/24, de 17 de diciembre: \u00abLo anterior nos lleva a la Ley 59\/2003, de 19 de diciembre, de firma electr\u00f3nica, en cuyo art. 3 se regulan los soportes del documento electr\u00f3nico, disponiendo a este prop\u00f3sito que la carga de realizar las comprobaciones de que se trata de una firma electr\u00f3nica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, as\u00ed como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creaci\u00f3n de firma electr\u00f3nica, \u00abcorresponder\u00e1 a quien haya presentado el documento electr\u00f3nico firmado con firma electr\u00f3nica reconocida\u00bb. La demostraci\u00f3n de tales extremos suele llevarse a cabo mediante la intervenci\u00f3n de los \u00abterceros de confianza\u00bb regulados en el art. 25 Ley 34\/2002, como figura encargada de archivar en soporte inform\u00e1tico las declaraciones que hubieran tenido lugar por v\u00eda telem\u00e1tica entre las partes por el tiempo estipulado que, en ning\u00fan caso, ser\u00e1 inferior a cinco a\u00f1os.<\/em><\/p>\n
Llevadas las anteriores consideraciones al \u00e1mbito del proceso monitorio, entendemos que los medios de acreditaci\u00f3n de la deuda que aparecen enumerados en el art. 812 LEC deben ser integrados con la regulaci\u00f3n anteriormente expuesta, lo que conduce a exigir que, en el caso de tratarse de un contrato bancario firmado por v\u00eda digital, deba acompa\u00f1arse el correspondiente certificado emitido por el tercero de confianza expresivo de las circunstancias a que hace referencia su regulaci\u00f3n propia para demostrar tanto la identidad de los intervinientes como la veracidad del contenido obligacional al que se vinculan<\/em>.\u201d<\/p>\n
Esta argumentaci\u00f3n nos proporciona, o pone el dedo en la llaga del problema, y es que los documentos generados por el mecanismo del \u201cblockchain\u201d, pese a su evidente utilidad, carecen del valor de t\u00edtulo ejecutivo, que es lo que precisa para que su uso se extienda en el comercio. Es decir, las entidades financieras acudir\u00edan a su uso generalizado en el tr\u00e1fico si constituyera un documento v\u00e1lido para acudir a los jueces. Si acudimos al elenco de t\u00edtulos ejecutivos del art\u00edculo 517.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, veremos que el documento que nos ocupa no tiene encaje en ninguno de los mencionados all\u00ed, incluso en los de los n\u00fameros 6\u00ba y 7\u00ba, lo que constituye un verdadero problema si atendemos al hecho de que los t\u00edtulos ejecutivos enumerados constituyen una lista cerrada, que no admite interpretaciones anal\u00f3gicas. As\u00ed lo record\u00f3, por ejemplo, el Auto de la Secci\u00f3n Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona n\u00ba 129\/2021, de 23 de julio (R1148\/2021; Pte. Jos\u00e9 Mar\u00eda Ribelles Arellano), a prop\u00f3sito de la pretensi\u00f3n de ejecutar de manera forzosa un acuerdo de refinanciaci\u00f3n. \u00c9ste no estaba contemplado como t\u00edtulo ejecutivo en el elenco del art\u00edculo 517.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que no era posible impetrar esa ejecuci\u00f3n.<\/p>\n
En consecuencia, mientras no se reconozca la realidad de los documentos a que me estoy refiriendo, entiendo que estamos perdiendo una oportunidad. Por esta raz\u00f3n, urge una reforma legislativa. Reforma necesaria y, sobre todo, pertinente y oportuna. No s\u00f3lo los juzgados van por detr\u00e1s de la realidad.<\/p>\n
An\u00e1lisis econ\u00f3mico. Francisco Llopis Va\u00f1\u00f3, director de Estudios de INECA<\/h2>\n
PROYECTO PROMETEO CIPROM\/2022\/26 \u00b7 LEGALCRIPTO<\/strong><\/p>\n
Jornadas Cient\u00edficas Internacionales de Clausura \u00b7 Universidad de Alicante<\/p>\n
Mesa de Validaci\u00f3n de la Prueba de Concepto \u00abPagar\u00e9 de empresa\u00bb<\/em><\/p>\n
Representaci\u00f3n, registro y la posici\u00f3n del peque\u00f1o proveedor<\/strong><\/p>\n
Notas para la intervenci\u00f3n en el bloque de Empresa, Pyme y An\u00e1lisis Econ\u00f3mico<\/em><\/p>\n
1. Una revoluci\u00f3n industrial que todav\u00eda no ha llegado del todo a los pagos<\/strong><\/p>\n
Empiezo por situar lo que vamos a discutir dentro de un marco m\u00e1s amplio, porque creo que conviene decirlo con claridad antes de entrar en el detalle t\u00e9cnico del pagar\u00e9: estamos en medio de una revoluci\u00f3n industrial, y es la de la digitalizaci\u00f3n de la econom\u00eda. No es una met\u00e1fora ni un eslogan de congreso; es una transformaci\u00f3n con la misma profundidad que tuvieron la m\u00e1quina de vapor o la electrificaci\u00f3n, y como todas las revoluciones industriales anteriores, no se completa con discursos, se completa con herramientas concretas que las empresas puedan usar en su d\u00eda a d\u00eda.<\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os hemos visto c\u00f3mo esa digitalizaci\u00f3n ha ido avanzando de forma muy s\u00f3lida en un terreno muy concreto: la trazabilidad de la producci\u00f3n. Sabemos, con un grado de precisi\u00f3n que hace una d\u00e9cada era impensable, de d\u00f3nde viene una materia prima, por qu\u00e9 manos ha pasado un producto, qu\u00e9 condiciones ha tenido un proceso de fabricaci\u00f3n. Esa trazabilidad ha dejado de ser una promesa tecnol\u00f3gica para convertirse en una exigencia de mercado, e incluso en una exigencia normativa en sectores como el agroalimentario o el textil.<\/p>\n
Lo que todav\u00eda no hemos resuelto, o no del todo, es trasladar ese mismo nivel de digitalizaci\u00f3n y de trazabilidad a los medios de pago que sostienen esas mismas cadenas de producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n. Sabemos trazar un producto desde el campo hasta el lineal, pero seguimos financiando y cobrando esas operaciones con instrumentos que, en muchos casos, no han cambiado sustancialmente desde el siglo XIX. El pagar\u00e9 de empresa es el ejemplo perfecto: un t\u00edtulo que cumple una funci\u00f3n econ\u00f3mica plenamente vigente \u2014aplazar el pago, dar liquidez mediante el descuento, circular entre empresas como garant\u00eda de cobro\u2014 pero que sigue atado a una l\u00f3gica de papel, de tenencia f\u00edsica, de original \u00fanico que hay que guardar en un caj\u00f3n.<\/p>\n
La prueba de concepto que hoy se presenta en esta mesa es, en ese sentido, el paso que falta: llevar la digitalizaci\u00f3n de la trazabilidad \u2014que ya dominamos en la producci\u00f3n\u2014 al instrumento que paga esa producci\u00f3n. No se trata de inventar un medio de pago nuevo, se trata de dar a las empresas, y muy especialmente a la peque\u00f1a y mediana empresa, una herramienta que ya exist\u00eda, pero con las garant\u00edas de seguridad, rapidez y circulaci\u00f3n que la tecnolog\u00eda actual permite.<\/p>\n
Dicho esto, y precisamente porque hablamos de dar herramientas a las empresas, tengo que detenerme en la otra cara de esta misma moneda: qu\u00e9 le ocurre a la peque\u00f1a empresa cuando la digitalizaci\u00f3n, en lugar de ser una herramienta que recibe, es un cambio normativo que se le impone.<\/p>\n
2. La peque\u00f1a empresa ante el cambio: apertura, no resistencia<\/strong><\/p>\n
Quiero empezar este bloque despejando un malentendido frecuente. El peque\u00f1o empresario espa\u00f1ol no es, como a veces se presenta, un sujeto reacio a la tecnolog\u00eda o aferrado al papel por nostalgia. Mi experiencia, y la de quienes trabajamos cerca del tejido empresarial de menor tama\u00f1o, es la contraria: el peque\u00f1o empresario est\u00e1 abierto a la modernizaci\u00f3n, entiende que la digitalizaci\u00f3n es imparable y en t\u00e9rminos generales la acoge bien, porque suele traducirse en menos tiempo perdido en tareas administrativas y en m\u00e1s capacidad de competir.<\/p>\n
Lo que el peque\u00f1o empresario no quiere \u2014y aqu\u00ed s\u00ed conviene ser muy preciso\u2014 no es m\u00e1s tecnolog\u00eda, sino m\u00e1s incertidumbre, m\u00e1s coste no planificado y m\u00e1s legislaci\u00f3n cambiante sobre su actividad diaria. No rechaza la finalidad, rechaza el m\u00e9todo cuando el m\u00e9todo consiste en trasladarle a \u00e9l la carga de interpretar, a su propio coste y riesgo, qu\u00e9 significa exactamente cumplir una norma que no ha dise\u00f1ado y en cuyo dise\u00f1o no ha participado.<\/p>\n
2.1. El precedente de Verifactu: una lecci\u00f3n reciente y muy instructiva<\/strong><\/p>\n
Para no quedarnos en la abstracci\u00f3n, propongo traer a esta mesa un ejemplo muy reciente, muy documentado y, creo, muy revelador: el Reglamento de Requisitos de los Sistemas Inform\u00e1ticos de Facturaci\u00f3n, conocido como Verifactu, aprobado por el Real Decreto 1007\/2023.<\/p>\n
La finalidad de la norma es, en abstracto, irreprochable: garantizar que las facturas emitidas no puedan modificarse ni eliminarse de forma fraudulenta, y reforzar as\u00ed la lucha contra el fraude fiscal. Ning\u00fan peque\u00f1o empresario defiende el fraude. El problema no fue el objetivo, fue la implementaci\u00f3n.<\/p>\n
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El calendario de entrada en vigor \u20141 de enero de 2026 para las personas jur\u00eddicas, 1 de julio de 2026 para los aut\u00f3nomos\u2014 gener\u00f3 una carrera de adaptaci\u00f3n en muy poco tiempo, con costes documentados de hasta 8.000 euros para pymes de sectores como la hosteler\u00eda o el comercio.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
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La propia Administraci\u00f3n tuvo que aclarar, mediante consultas vinculantes de la Direcci\u00f3n General de Tributos, si una simple hoja de Excel o un documento de Word constitu\u00edan o no un \u00absistema inform\u00e1tico de facturaci\u00f3n\u00bb sujeto al Reglamento. El peque\u00f1o empresario se vio obligado a convertirse, \u00e9l solo o con ayuda de un asesor que tampoco ten\u00eda la respuesta clara, en int\u00e9rprete de una frontera t\u00e9cnica que ni la propia norma hab\u00eda resuelto con precisi\u00f3n.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
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La presi\u00f3n de organizaciones como la Federaci\u00f3n Nacional de Asociaciones de Trabajadores Aut\u00f3nomos obtuvo finalmente una moratoria, pero esa moratoria lleg\u00f3, para muchos, despu\u00e9s de haber asumido ya el coste de adaptaci\u00f3n, y gener\u00f3 a su vez una nueva incertidumbre: \u00bfdeb\u00eda el empresario seguir invirtiendo, o esperar a ver si la pr\u00f3rroga se consolidaba en el Parlamento?<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
El resultado es un patr\u00f3n que conviene nombrar con precisi\u00f3n, porque no es exclusivo de Verifactu y es, me temo, trasladable sin esfuerzo al objeto de esta mesa: una tecnolog\u00eda que promete objetivos leg\u00edtimos \u2014la lucha contra el fraude fiscal, en el caso de Verifactu; la trazabilidad y la eliminaci\u00f3n del doble descuento, en el caso del pagar\u00e9 tokenizado\u2014 es dise\u00f1ada por actores con una capacidad t\u00e9cnica y una capacidad de absorci\u00f3n de costes muy superiores a las del destinatario final, y se implementa en un marco donde la carga de interpretar qu\u00e9 significa exactamente cumplir recae, precisamente, sobre quien menos recursos tiene para hacerlo.<\/p>\n
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\u00abUna tecnolog\u00eda que promete objetivos leg\u00edtimos, dise\u00f1ada por actores con capacidad t\u00e9cnica y de absorci\u00f3n de costes muy superior a la del destinatario final, e implementada en un marco donde la carga de interpretar qu\u00e9 significa exactamente cumplir recae sobre quien menos recursos tiene para hacerlo.\u00bb<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n
Traigo este precedente a la mesa no para desanimar el proyecto que hoy se valida, sino para pedir que aprendamos de \u00e9l antes de repetirlo. Si el pagar\u00e9 tokenizado se traslada al mercado con la misma l\u00f3gica de calendario apresurado, est\u00e1ndares poco claros hasta que la pr\u00e1ctica los va fijando a golpe de consulta, y ayudas que llegan despu\u00e9s de que el coste ya se ha producido, corremos el riesgo de que la peque\u00f1a empresa viva la tokenizaci\u00f3n del pagar\u00e9 exactamente como ha vivido Verifactu: como una obligaci\u00f3n m\u00e1s, impuesta desde fuera, que absorbe tiempo y dinero sin que perciba con claridad el beneficio propio.<\/p>\n
Con esta advertencia como tel\u00f3n de fondo, paso a las tres preguntas concretas que se nos han planteado desde este \u00e1mbito de empresa, pyme y an\u00e1lisis econ\u00f3mico.<\/p>\n
3. Primera cuesti\u00f3n: \u00bfes comprensible la distinci\u00f3n entre representaci\u00f3n y registro?<\/strong><\/p>\n
La pregunta que se nos traslada es si la distinci\u00f3n entre representaci\u00f3n y registro \u2014es decir, entre el documento descargable que el usuario ve y el asiento del registro que es, jur\u00eddicamente, el verdadero original\u2014 resulta comprensible para el usuario. Mi respuesta es que no lo es de forma espont\u00e1nea, y que no deber\u00edamos pretender que lo sea sin un trabajo activo de dise\u00f1o y de acompa\u00f1amiento.<\/p>\n
3.1. Un choque de intuiciones<\/strong><\/p>\n
En el mundo del papel, la distinci\u00f3n entre original y copia es intuitiva porque existe un objeto f\u00edsico \u00fanico. En el mundo digital, el usuario medio tiene interiorizada la intuici\u00f3n exactamente contraria: el archivo es la cosa. Si recibo un PDF de una factura o un contrato firmado electr\u00f3nicamente, el archivo es mi derecho, y una copia es tan v\u00e1lida como el original porque los bits son id\u00e9nticos. En el pagar\u00e9 tokenizado se pide justo lo contrario: que se entienda que el fichero descargable, aunque sea visualmente id\u00e9ntico al pagar\u00e9, no es el t\u00edtulo, y que el t\u00edtulo reside en una entrada de un registro que no se puede descargar ni tener en la mano.<\/p>\n
Esto es m\u00e1s exigente que la alfabetizaci\u00f3n digital que ya manejamos con la firma electr\u00f3nica, porque en el pagar\u00e9 la unicidad no es un detalle t\u00e9cnico: es el elemento constitutivo del t\u00edtulo valor, la tenencia excluyente. No basta con explicar que el documento est\u00e1 firmado electr\u00f3nicamente; hay que explicar que ese documento, aun pareci\u00e9ndolo, no es lo que el usuario cree que es.<\/p>\n
3.2. Puentes y l\u00edmites de la analog\u00eda con figuras ya conocidas<\/strong><\/p>\n
El ordenamiento espa\u00f1ol maneja ya distinciones an\u00e1logas que el ciudadano medio asume sin demasiado conflicto: la nota simple frente a la certificaci\u00f3n registral en el Registro de la Propiedad, la copia simple frente a la copia autorizada notarial. En ambos casos hay un documento informativo y un documento con eficacia jur\u00eddica plena, y existe una cultura jur\u00eddica previa, aunque sea operativa y no dogm\u00e1tica, de que \u00abpara el banco hace falta la autorizada, no la simple\u00bb.<\/p>\n
Pero esa analog\u00eda tiene un l\u00edmite que no podemos ignorar: en esos casos, el usuario interviene normalmente acompa\u00f1ado de un profesional \u2014notario, gestor, abogado\u2014 que hace de intermediario de la distinci\u00f3n. En el pagar\u00e9 tokenizado, si el flujo est\u00e1 pensado como autoservicio, ese intermediario desaparece, y con \u00e9l desaparece el mecanismo social que hoy hace funcionar la distinci\u00f3n en los ejemplos tradicionales.<\/p>\n
Por eso me parece pertinente trasladar a la fe p\u00fablica notarial y a la funci\u00f3n registral, que tambi\u00e9n intervienen en esta mesa, una pregunta directa: si la soluci\u00f3n pasa por reintroducir esa intermediaci\u00f3n profesional en alg\u00fan punto del circuito \u2014certificaci\u00f3n notarial del acto de emisi\u00f3n, o una funci\u00f3n \u00abtraductora\u00bb del registrador respecto del estado de control\u2014 precisamente para suplir lo que la interfaz, por s\u00ed sola, no puede garantizar en t\u00e9rminos de comprensi\u00f3n real por parte del usuario.<\/p>\n
3.3. Una recomendaci\u00f3n de m\u00e9todo: testarlo, no darlo por supuesto<\/strong><\/p>\n
No basta con el dise\u00f1o de producto, por cuidado que sea \u2014avisos legales, marcas de agua, advertencias de que \u00abesto no es el original\u00bb\u2014. Si algo nos ha ense\u00f1ado la prueba de concepto del Al-coin en el sandbox municipal de Alcoy es que estas cuestiones deben testarse emp\u00edricamente, con empresarios reales, midiendo si efectivamente entienden qu\u00e9 tienen en la mano antes de aceptarlo como medio de pago o de cobro. Mi recomendaci\u00f3n a esta mesa es que no demos la comprensibilidad por supuesta: que la midamos.<\/p>\n
4. Segunda cuesti\u00f3n: el efecto sobre el coste del cr\u00e9dito comercial<\/strong><\/p>\n
La segunda pregunta que se nos traslada es qu\u00e9 efecto cabe esperar sobre el coste del cr\u00e9dito comercial. Aqu\u00ed conviene distinguir, con honestidad, entre lo que ocurre mientras persiste la laguna jur\u00eddica actual y lo que podr\u00eda ocurrir si esa laguna se resuelve.<\/p>\n
4.1. Mientras persiste la incertidumbre<\/strong><\/p>\n
La sentencia del Tribunal Supremo 94\/2014 exige aportar el original con la demanda para poder acudir al juicio cambiario, y ni siquiera admiti\u00f3 un testimonio notarial como sustituto. Si el acceso verificable al registro no se reconoce como equivalente a la tenencia del original a los efectos del art\u00edculo 819 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el tenedor del pagar\u00e9 tokenizado pierde la v\u00eda ejecutiva r\u00e1pida y queda relegado al declarativo ordinario. Eso es un riesgo de cobro que el mercado precia de inmediato: m\u00e1s prima de riesgo, descuento m\u00e1s caro, o directamente rechazo de la operaci\u00f3n por parte de entidades conservadoras.<\/p>\n
A esto se suma que Espa\u00f1a no ha transpuesto todav\u00eda el criterio del m\u00e9todo fiable de la Ley Modelo de la CNUDMI de 2017, mientras el Reino Unido y Francia ya lo han legislado de forma expresa, incluyendo el pagar\u00e9. Esto genera una asimetr\u00eda competitiva real: un pagar\u00e9 tokenizado emitido bajo derecho espa\u00f1ol puede resultar \u00abde segunda categor\u00eda\u00bb frente a instrumentos equivalentes bajo derecho ingl\u00e9s o franc\u00e9s, lo que penaliza su circulaci\u00f3n transfronteriza y puede encarecer, o directamente bloquear, su descuento por entidades extranjeras.<\/p>\n
La respuesta previsible del mercado a corto plazo, mientras esto no se resuelva, no es la innovaci\u00f3n sin fricci\u00f3n que a veces se presupone, sino la aparici\u00f3n de sistemas h\u00edbridos de \u00abcintur\u00f3n y tirantes\u00bb \u2014mantener redundancia en papel o por v\u00edas tradicionales\u2014 que anulan buena parte del ahorro de costes que en teor\u00eda deb\u00eda traer la tokenizaci\u00f3n.<\/p>\n
4.2. Si se resuelve la incertidumbre<\/strong><\/p>\n
Si Espa\u00f1a transpone el criterio del m\u00e9todo fiable y se asienta una doctrina judicial clara sobre el valor del acceso verificable al registro, los efectos esperables cambian de signo. Un registro con estado de control verificable elimina de forma estructural el riesgo de doble descuento \u2014un mismo pagar\u00e9 cedido simult\u00e1neamente a dos financiadores distintos\u2014, que hoy es un riesgo real en el mercado de descuento y factoring en papel. La verificaci\u00f3n instant\u00e1nea del poder de representaci\u00f3n inscrito en el Registro Mercantil reducir\u00eda asimismo el riesgo de firma sin poder vigente, otro coste que hoy se traslada al precio del descuento. Y un menor coste operativo de custodia y verificaci\u00f3n documental, en un mercado con m\u00e1s competencia entre financiadores \u2014no solo la banca relacional, tambi\u00e9n fintechs y plataformas de factoring\u2014, podr\u00eda trasladarse a mejores condiciones para quien cede el cr\u00e9dito.<\/p>\n
4.3. Una precisi\u00f3n estad\u00edstica que conviene no perder de vista<\/strong><\/p>\n
Conviene situar esta discusi\u00f3n en su magnitud real. Los datos disponibles, con las cautelas metodol\u00f3gicas propias de una estad\u00edstica que el Banco de Espa\u00f1a y el INE ya no desagregan de forma espec\u00edfica para letras y pagar\u00e9s desde 2015, apuntan a que los efectos comerciales tradicionales \u2014cheques, letras y pagar\u00e9s\u2014 representan hoy una fracci\u00f3n muy peque\u00f1a del n\u00famero total de operaciones de pago en Espa\u00f1a, aunque conservan un peso proporcionalmente mayor en t\u00e9rminos de importe, precisamente porque se utilizan en operaciones de cuant\u00eda media o elevada. El propio Banco de Espa\u00f1a document\u00f3 ya hace a\u00f1os que la proporci\u00f3n del cr\u00e9dito comercial descontado por entidades de cr\u00e9dito hab\u00eda retrocedido de niveles en torno al 13% antes de la crisis de 2008 a menos del 10% desde 2009.<\/p>\n
Esto no debilita el proyecto, lo sit\u00faa correctamente: no estamos sustituyendo un instrumento masivo, estamos intentando revitalizar, mediante la tokenizaci\u00f3n, un instrumento residual pero jur\u00eddicamente valioso, que en buena medida ha quedado hoy diluido dentro de productos bancarios de financiaci\u00f3n empaquetada, como el confirming, en lugar de circular de forma aut\u00f3noma entre empresas. El mensaje que yo defender\u00eda ante esta mesa no es que el coste del cr\u00e9dito vaya a bajar ni a subir de forma autom\u00e1tica, sino que el efecto depende de forma cr\u00edtica de si Espa\u00f1a resuelve la laguna del art\u00edculo 821.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y transpone el criterio del m\u00e9todo fiable; mientras tanto, el riesgo dominante es que la novedad tecnol\u00f3gica a\u00f1ada una capa de incertidumbre jur\u00eddica que encarezca, no abarate, el cr\u00e9dito comercial.<\/p>\n
5. Tercera cuesti\u00f3n: la posici\u00f3n del proveedor de menor dimensi\u00f3n<\/strong><\/p>\n
La tercera pregunta es, a mi juicio, la que m\u00e1s valor diferencial puede aportar desde este bloque de empresa, pyme y an\u00e1lisis econ\u00f3mico, porque no es una cuesti\u00f3n dogm\u00e1tica sino de econom\u00eda real y de equilibrio de poder en la relaci\u00f3n comercial.<\/p>\n
5.1. El riesgo: el eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil soporta la carga de la novedad<\/strong><\/p>\n
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La pyme suele ser tomadora del pagar\u00e9, no emisora: lo recibe como medio de pago de un cliente de mayor tama\u00f1o y necesita descontarlo para financiar su circulante. Es la parte con menos poder de negociaci\u00f3n y, habitualmente, con menos capacidad de asesoramiento jur\u00eddico especializado.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
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Si la distinci\u00f3n entre representaci\u00f3n y registro no se entiende bien, el riesgo de asimetr\u00eda de informaci\u00f3n recae sobre el eslab\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil: la pyme puede creer que tiene un t\u00edtulo ejecutable y descubrir, en el momento del impago, que su posici\u00f3n procesal es m\u00e1s fr\u00e1gil de lo que pensaba.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
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Existe un riesgo de imposici\u00f3n unilateral: si la gran empresa pagadora impone la plataforma tokenizada como \u00fanico canal, la pyme no tiene margen real para negociar condiciones ni para exigir el formato tradicional, y asume en solitario los costes de aprendizaje y de conexi\u00f3n.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
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El pagar\u00e9 ya es hoy, en la pr\u00e1ctica, un instrumento que alarga de facto los plazos de pago a proveedores; una versi\u00f3n tokenizada mal dise\u00f1ada podr\u00eda formalizar y reforzar esa din\u00e1mica en lugar de corregirla.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n
5.2. La oportunidad: una infraestructura que tambi\u00e9n puede proteger al peque\u00f1o<\/strong><\/p>\n
Si el registro verificable reduce el riesgo de fraude y mejora la trazabilidad del cr\u00e9dito, puede abrir el descuento a m\u00e1s financiadores \u2014fintechs, plataformas de factoring, inversores no bancarios\u2014 aumentando la competencia y abaratando el coste para quien hoy depende en exclusiva de su banco de relaci\u00f3n. La verificaci\u00f3n autom\u00e1tica de poderes y de autenticidad podr\u00eda, de hecho, proteger m\u00e1s al proveedor peque\u00f1o que al grande, porque es precisamente el peque\u00f1o quien hoy tiene menos capacidad de verificar por s\u00ed mismo la solvencia jur\u00eddica del pagar\u00e9 que recibe.<\/p>\n
5.3. Por qu\u00e9 la tecnolog\u00eda \u00abneutra\u00bb no lo es en la pr\u00e1ctica<\/strong><\/p>\n
Antes de enunciar las salvaguardas que propongo, quiero explicitar la l\u00f3gica que las sostiene a todas. Un registro verificable, un estado de control, una interfaz de consulta, son infraestructura neutra en el papel, en el sentido de que no privilegia jur\u00eddicamente a nadie. Pero el acceso real a esa infraestructura no es neutro, porque exige capacidades distribuidas de forma muy desigual: saber que la verificaci\u00f3n existe, saber c\u00f3mo consultarla, tener capacidad para interpretar lo que devuelve, y poder asumir el coste \u2014de tiempo, dinero o asesor\u00eda\u2014 de hacerlo cada vez.<\/p>\n
El cliente grande que dise\u00f1a o impone la plataforma parte con esas tres capacidades ya resueltas: la ha construido \u00e9l, tiene estructura jur\u00eddica y financiera propia, y el coste marginal de una consulta m\u00e1s es pr\u00e1cticamente cero. La pyme tomadora, no. Si el marco regulatorio se limita a declarar que \u00abla verificaci\u00f3n est\u00e1 disponible\u00bb, sin m\u00e1s, la disponibilidad formal convive con una desigualdad pr\u00e1ctica de acceso que reproduce, y puede incluso agravar, la asimetr\u00eda de poder que ya existe hoy en la relaci\u00f3n comercial.<\/p>\n
5.4. Tres salvaguardas, pensadas como un conjunto<\/strong><\/p>\n
Primera: acceso gratuito o de bajo coste a la verificaci\u00f3n del registro.<\/p>\n
Si consultar el estado de control tiene un coste por consulta, ese coste pesa de forma completamente distinta seg\u00fan el volumen: se diluye a nada para quien hace miles de consultas, y puede ser una barrera real para la pyme que recibe dos o tres pagar\u00e9s tokenizados al trimestre. El resultado previsible, si no se corrige, es que esa pyme renuncie a verificar y acepte el t\u00edtulo a ciegas, exactamente la opacidad que el registro pretend\u00eda evitar. El precedente de la nota simple registral, de coste tasado y bajo precisamente porque la oponibilidad frente a terceros solo cumple su funci\u00f3n si el tercero puede permitirse consultar, es el modelo funcional que propongo trasladar aqu\u00ed.<\/p>\n
Segunda: est\u00e1ndares de divulgaci\u00f3n obligatoria, no solo disponibilidad de la informaci\u00f3n.<\/p>\n
No basta con que la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible; tiene que presentarse de una forma que fuerce la comprensi\u00f3n, no que dependa de la diligencia o la sofisticaci\u00f3n jur\u00eddica de quien la recibe. El modelo a trasladar, guardando las distancias, es el de la normativa de protecci\u00f3n en la contrataci\u00f3n con condiciones generales: no basta con que la cl\u00e1usula est\u00e9 en el contrato, tiene que cumplir requisitos de claridad. Aqu\u00ed propondr\u00eda exigir que la plataforma no se limite al aviso gen\u00e9rico de que \u00abesto es una representaci\u00f3n legible del registro y no t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, sino que lo acompa\u00f1e de una explicaci\u00f3n estandarizada, y quiz\u00e1 supervisada por el propio prestador cualificado de servicios de confianza, de qu\u00e9 puede y qu\u00e9 no puede hacer el tenedor si hay impago. Es la diferencia entre un disclaimer defensivo, que protege a la plataforma, y una divulgaci\u00f3n funcional, que protege al usuario.<\/p>\n
Tercera: un papel activo de las c\u00e1maras de comercio como intermediarias de confianza.<\/p>\n
La pyme no suele tener asesor\u00eda jur\u00eddica interna capaz de valorar si un instrumento financiero novedoso le conviene o qu\u00e9 riesgo procesal asume, y ni el banco de relaci\u00f3n ni el gestor externo tienen necesariamente incentivo para explicar los riesgos de un instrumento que no han dise\u00f1ado. Las c\u00e1maras de comercio cumplen ya hoy una funci\u00f3n de acompa\u00f1amiento a pymes que encaja de forma natural aqu\u00ed: formaci\u00f3n, resoluci\u00f3n de dudas, acompa\u00f1amiento de primer nivel. La propuesta consiste en dotarlas de un rol formal \u2014no necesariamente de asesor\u00eda jur\u00eddica vinculante, pero s\u00ed de punto de verificaci\u00f3n accesible\u2014 donde la pyme pueda llevar el pagar\u00e9 tokenizado recibido y obtener, sin coste o a coste simb\u00f3lico, una lectura de qu\u00e9 es exactamente lo que tiene entre manos.<\/p>\n
Subrayo que estas tres salvaguardas deben entenderse como un conjunto, no como medidas sueltas: dar acceso gratuito sin divulgaci\u00f3n clara produce una pyme que consulta pero no entiende lo que ve; exigir divulgaci\u00f3n clara sin un intermediario de confianza la deja sola interpretando un documento t\u00e9cnico-jur\u00eddico; y tener c\u00e1maras de comercio dispuestas a ayudar sin acceso gratuito a la verificaci\u00f3n las deja sin la informaci\u00f3n de base sobre la que aconsejar. Y a\u00f1ado, recogiendo la lecci\u00f3n de Verifactu que expon\u00eda al principio de esta intervenci\u00f3n, una cuarta condici\u00f3n transversal: estas salvaguardas tienen que estar operativas desde el primer d\u00eda de la implantaci\u00f3n, no llegar como parche posterior a que el coste ya se haya producido. El Kit Digital ayud\u00f3 a muchos aut\u00f3nomos a adaptarse a Verifactu, pero lleg\u00f3 tarde para quienes ya hab\u00edan pagado miles de euros de adaptaci\u00f3n. No cometamos el mismo error de calendario con el pagar\u00e9 tokenizado.<\/p>\n
6. Cierre<\/strong><\/p>\n
Termino donde empec\u00e9. La digitalizaci\u00f3n de la econom\u00eda es una revoluci\u00f3n industrial en marcha, y el pagar\u00e9 de empresa tokenizado es una pieza leg\u00edtima y necesaria de esa transformaci\u00f3n, en la medida en que extiende a los medios de pago la misma trazabilidad que ya hemos incorporado a la producci\u00f3n. Pero una revoluci\u00f3n industrial bien gestionada no se mide solo por la elegancia de su arquitectura t\u00e9cnica o jur\u00eddica, sino por si deja a la peque\u00f1a empresa en mejor posici\u00f3n que en la que estaba, o si simplemente le traslada un coste y una incertidumbre nuevos que antes no ten\u00eda.<\/p>\n
Mi conclusi\u00f3n para esta mesa es, por tanto, una invitaci\u00f3n a dise\u00f1ar con la peque\u00f1a empresa en el centro, no al final: testando la comprensi\u00f3n real de la distinci\u00f3n entre representaci\u00f3n y registro antes de darla por supuesta; siendo honestos sobre que el efecto en el coste del cr\u00e9dito depende de que resolvamos cuanto antes la laguna procesal y la transposici\u00f3n pendiente, y no solo de la tecnolog\u00eda; e incorporando desde el primer momento, y no como enmienda posterior, las salvaguardas que permitan que el proveedor de menor dimensi\u00f3n gane con este cambio en lugar de limitarse a soportarlo.<\/p>\n
Funci\u00f3n registral. Luis Arn\u00e1ez Fern\u00e1ndez, registrador de la Propiedad de Tamarite de Litera<\/h2>\n
Luis Arnaez Fernandez<\/p>\n
Registrador de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles<\/p>\n
Cuando nos planteamos los efectos que produce la inscripci\u00f3n de determinadas operaciones en sede de tecnolog\u00eda Blockchain o de Registros distribuidos, es esencial hacer una distinci\u00f3n entre lo que la tecnolog\u00eda puede hacer, por un lado, y los efectos que el ordenamiento jur\u00eddico anuda a esas operaciones, por otro.<\/p>\n
El pagar\u00e9 dise\u00f1ado en la prueba de concepto se nutre de todos los aspectos tecnol\u00f3gicos, de seguridad y de celeridad que da la aplicaci\u00f3n de esta tecnolog\u00eda por s\u00ed misma. En particular, el efecto fundamental que s\u00ed puede reconocerse en esta prueba es el que, en un registro de derechos como el Registro de la Propiedad, se conoce como de tracto sucesivo o de cadena de titularidades<\/p>\n
Ahora bien, hay muchos efectos de los que goza el Registro de la Propiedad que no pueden aplicarse, de una manera directa a esta prueba de concepto, ya que para que as\u00ed fuera se necesitar\u00eda un reconocimiento expreso por parte del sistema jur\u00eddico espa\u00f1ol.<\/p>\n
Estos efectos son los que se relacionan con los casos en los que existen discrepancias entre lo que se conoce como realidad jur\u00eddica registral, la que aparece publicada en la red, de la realidad jur\u00eddica extrarregistral, la que se desenvuelve fuera del registro.<\/p>\n
Asi, el principio m\u00e1s importante es el que se conoce como de fe publica registral, que nace como una excepci\u00f3n a la no convalidaci\u00f3n de los actos nulos que han tenido acceso al registro, y que a la postre implica un reconocimiento de la adquisici\u00f3n realizada al amparo de la informaci\u00f3n registral, protegiendo al adquirente de buena fe, frente al verus domini<\/em> que no ha inscrito su derecho y generando una verdadera adquisici\u00f3n a non domino<\/em><\/p>\n
Es precisamente \u00e9ste el punto que da mas fuerza al registro y que irradia a todo el sistema registral, en especial al de legitimaci\u00f3n (o presunci\u00f3n de exactitud del registro) y el de inoponibilidad de los t\u00edtulos no inscritos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, no debemos olvidar el aspecto esencial de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica que el registrador hace de todo acto que quiera tener acceso al registro.<\/p>\n
Es posible que, atendiendo a esta nueva realidad digital, se le conceda a un pagar\u00e9 de esta naturaleza, algunos de los efectos que hemos se\u00f1alado, pero en todo caso requiere de una profunda revisi\u00f3n de los principios que sirven de fundamento a este sistema de transmisi\u00f3n para que podamos hablar de un sistema coherente e integrado como el que se dise\u00f1\u00f3 en la Ley Hipotecaria y se perfecciono con sus sucesivas reformas<\/p>\n
Por otro lado, es tambi\u00e9n esencial hablar de la representaci\u00f3n de quien quiere actuar en la red, especialmente cuando esta representaci\u00f3n es de tipo org\u00e1nico o de personas jur\u00eddicas.<\/p>\n
En este sentido, la inscripci\u00f3n de estos cargos en el registro mercantil produce la legitimaci\u00f3n de su actuaci\u00f3n, lo cual en combinaci\u00f3n con el principio recogido en el articulo 234 de la LSC que permite a quien ostente el poder de representaci\u00f3n realizar cuantos actos no sean contrarios al objeto social, hace que sea relativamente sencillo conocer, mediante una consulta al Registro Mercantil si la representaci\u00f3n alegada como base para poder acceder a la red esta bien construida o en caso contrario resulta rechazable.<\/p>\n
Seria aconsejable establecer plataformas de interoperabilidad para que esta consulta se pueda desarrollar con los m\u00e1s amplios est\u00e1ndares de celeridad sin merma de la seguridad jur\u00eddica en cuanto a la informaci\u00f3n emitida.<\/p>\n
Abogac\u00eda bancaria. Jos\u00e9 Francisco Canalejas Mer\u00edn, G\u00f3mez-Acebo & Pombo<\/h2>\n
Jos\u00e9 F. Canalejas Mer\u00edn<\/p>\n
Of counsel. G\u00f3mez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. Doctor en Derecho<\/p>\n
La problem\u00e1tica del descuento de pagar\u00e9s sin soporte documental<\/strong>1<\/sup><\/a><\/p>\n
Los aspectos de Derecho regulatorio relacionados con los criptoactivos y la adopci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de registro distribuido han sido ampliamente desarrollados, pero las cuestiones de Derecho privado apenas se han tratado o requieren un estudio m\u00e1s profundo, por lo que iniciativas como las Jornadas Cient\u00edficas Internacionales de Clausura del Proyecto PROMETEO LegalCripto merecen una valoraci\u00f3n muy positiva.<\/p>\n
En una econom\u00eda de mercado, caracterizada por el uso intensivo del capital y por la dependencia constante del cr\u00e9dito para financiar la actividad empresarial, la transmisi\u00f3n \u00e1gil, segura y cierta de los derechos es indispensable. De ah\u00ed que se considere que los t\u00edtulos-valores son una de las\u00a0contribuciones m\u00e1s importantes del Derecho mercantil.<\/p>\n
Algunas cuestiones relativas a la cesi\u00f3n de los derechos de cr\u00e9dito han planteado y plantean muchas incertidumbres2<\/sup><\/a>. El sistema de asignaci\u00f3n de riesgos del Derecho com\u00fan protege la posici\u00f3n del deudor y prima la seguridad jur\u00eddica, lo que dificulta la circulaci\u00f3n de los derechos de cr\u00e9dito y exige el desarrollo de instrumentos que refuercen la seguridad del tr\u00e1fico, atendiendo al valor econ\u00f3mico del propio cr\u00e9dito y a la necesidad de establecer esquemas sencillos para probar y ejercitar los derechos, de modo que se mitigaran los riesgos que, para el potencial adquirente, pueden derivar de la existencia, la titularidad y las caracter\u00edsticas del cr\u00e9dito3<\/sup><\/a>.<\/p>\n
Descontar un pagar\u00e9 cuyo original no llega a recibirse en soporte papel suscita un problema elemental de legitimaci\u00f3n, pues la posesi\u00f3n del t\u00edtulo es el fundamento de la posici\u00f3n jur\u00eddica de la entidad de cr\u00e9dito descontante. Ante la falta de entrega f\u00edsica, la entidad pierde o debilita el elemento central de la legitimaci\u00f3n cambiaria y se expone a riesgos de doble circulaci\u00f3n, presentaci\u00f3n por un tercero, falsificaci\u00f3n o conflicto entre poseedores.<\/p>\n
La delimitaci\u00f3n del concepto de t\u00edtulo-valor requiere, en todo caso, analizar la estrecha relaci\u00f3n o conexi\u00f3n que se establece entre el derecho y el propio documento. Aunque toda referencia documental a un derecho genera cierta dependencia entre ambos, no todos los documentos cumplen la misma funci\u00f3n ni gozan de las propiedades que el ordenamiento reconoce a los t\u00edtulos-valores. Al amparar la apariencia jur\u00eddica, el ordenamiento protege al tercero de buena fe que conf\u00eda leg\u00edtimamente en ella y, a la vez, permite aprovechar el valor econ\u00f3mico del intercambio.<\/p>\n
El papel opera como un instrumento de publicidad y como soporte que facilita el ejercicio de los derechos patrimoniales incorporados al t\u00edtulo. La\u00a0dogm\u00e1tica germano-suiza cl\u00e1sica concibi\u00f3 el t\u00edtulo-valor como el documento representativo de un derecho privado que solo puede ejercitarse si se posee dicho documento.<\/p>\n
No obstante, la cosificaci\u00f3n del derecho no es sino un artificio jur\u00eddico que permite someter los derechos documentados a un r\u00e9gimen especial, r\u00e9gimen que procede revisar y reconfigurar. Dado que, conforme a nuestro ordenamiento jur\u00eddico, las partes no pueden pactar un r\u00e9gimen distinto del que resulta del Derecho com\u00fan sin una habilitaci\u00f3n legal expresa, debe acometerse una reforma legislativa, previo an\u00e1lisis del Derecho comparado y, en particular, del r\u00e9gimen jur\u00eddico suizo de los derechos-valores inscritos (Registerwertrechte<\/em>).<\/p>\n
Debe tenerse en cuenta que la \u00abelectronificaci\u00f3n\u00bb o \u00abdesmaterializaci\u00f3n\u00bb de los t\u00edtulos-valores es un fen\u00f3meno que no se ha limitado a los t\u00edtulos de inversi\u00f3n, sino que ya ha alcanzado, en mayor o menor grado, a todos los t\u00edtulos-valores4<\/sup><\/a>. Sin embargo, en el \u00e1mbito cambiario, los avances se han limitado fundamentalmente al truncamiento, que permite a una entidad adherida a un sistema de compensaci\u00f3n inmovilizar los originales (Norma SNCE\/CE\/04\/001).<\/p>\n
Aunque el mecanismo de truncamiento es una pieza clave del sistema de pagos espa\u00f1ol y posibilita la compensaci\u00f3n interbancaria de cheques y pagar\u00e9s sin trasladar materialmente el original de una entidad a otra, resulta insuficiente requiri\u00e9ndose una reforma en profundidad5<\/sup><\/a>.<\/p>\n
English translation<\/strong><\/p>\n
Jos\u00e9 F. Canalejas Mer\u00edn<\/p>\n
Of Counsel, G\u00f3mez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. Doctor of Laws<\/p>\n
The Problem of Discounting Promissory Notes in the Absence of a Paper Instrument<\/strong>6<\/sup><\/a><\/p>\n
The regulatory dimensions of crypto-assets and of the adoption of distributed ledger technology have been examined at considerable length; the questions of private law, by contrast, have scarcely been addressed or call for far closer study. Initiatives such as the International Scientific Closing Conference of the PROMETEO LegalCripto Project therefore merit a most favourable assessment.<\/p>\n
In a market economy, characterised by the intensive use of capital and by a constant dependence upon credit to finance business activity, the expeditious, safe and legally certain transfer of receivables is indispensable. It is for this reason that negotiable instruments (t\u00edtulos-valores<\/em>) are rightly regarded as one of the most significant contributions of commercial law scholars.<\/p>\n
Certain questions concerning the assignment of receivables have given rise, and continue to give rise, to considerable uncertainty7<\/sup><\/a>Risk allocation under the general law protects the position of the debtor and privileges legal certainty; in so doing, it impedes the circulation of claims and calls for the development of instruments that enhance the security of commercial dealings. Such instruments must have regard both to the economic value of the claim itself and to the need for simple mechanisms by which rights may be proved and enforced, so as to mitigate the risks that a prospective transferee may face as to the existence, ownership and characteristics of the claim8<\/sup><\/a>.<\/p>\n
To discount a promissory note whose original is never issued in paper form raises an elementary problem of entitlement to enforce (legitimaci\u00f3n<\/em>), for possession of the instrument is the very foundation of the legal position of the discounting credit institution. Absent physical delivery, the institution loses, or at least weakens, the central element of its standing under the law of bills and notes, and is exposed to the risks of double circulation, presentment by a third party, forgery, or competing claims between holders.<\/p>\n
Any delimitation of the concept of a negotiable instrument requires, in every case, an analysis of the close relationship, or nexus, between the right and the document itself. Although every documentary reference to a right creates a degree of interdependence between the two, not all documents perform the same function, nor do they all enjoy the attributes which the legal order confers upon negotiable instruments. By upholding legal appearance, the law protects the third party who, in good faith, legitimately relies upon it, and at the same time enables the economic value of the exchange to be realised.<\/p>\n
Paper operates both as an instrument of publicity and as a medium that facilitates the exercise of the patrimonial rights embodied in the instrument. Classical German-Swiss doctrine conceived of the Wertpapier<\/em> as a document representing a private right which may be exercised only by the person in possession of that document.<\/p>\n
Nevertheless, the reification of the right is no more than a legal device which permits documented rights to be subjected to a special regime, and it is that regime which now falls to be reviewed and reconfigured. Since, under Spanish law, the parties may not agree upon a regime departing from the general law without express statutory authorisation, legislative reform is required, preceded by a comparative analysis and, in particular, by a study of the Swiss regime governing Registerwertrechte<\/em>.<\/p>\n
It should be borne in mind that the \u2018electronification\u2019 or \u2018dematerialisation\u2019 of negotiable instruments is a phenomenon not confined to securities; it has already reached, to a greater or lesser degree, every class of negotiable instrument9<\/sup><\/a>. In the field of bills and notes, however, progress has been confined essentially to truncation, which permits an institution participating in a clearing system to immobilise the originals (Rule SNCE\/CE\/04\/001).<\/p>\n
Although truncation is a cornerstone of the Spanish payment system, enabling the interbank clearing of cheques and promissory notes without the physical transfer of the original from one institution to another, it is insufficient, and a thoroughgoing reform is required10<\/sup><\/a>.<\/p>\n
Servicios de confianza. ACCV-ISTEC, Generalitat Valenciana<\/h2>\n
Prueba de concepto \u00abPagar\u00e9 de empresa\u00bb<\/strong><\/p>\n
El original electr\u00f3nico y el certificado descargable<\/em><\/p>\n
Valoraci\u00f3n de la prueba de concepto desde la perspectiva de los servicios de confianza \u2013 ISTEC ACCV<\/h2>\n
Desde la perspectiva de un prestador de servicios de confianza, la prueba de concepto presenta una valoraci\u00f3n global positiva, ya que demuestra la viabilidad t\u00e9cnica de gestionar electr\u00f3nicamente el ciclo de vida de un pagar\u00e9: emisi\u00f3n, firma, transmisi\u00f3n, consulta, pago y cancelaci\u00f3n. La soluci\u00f3n integra adecuadamente elementos t\u00e9cnicos relevantes como la identificaci\u00f3n del firmante, la firma electr\u00f3nica, el sellado de tiempo y el registro cronol\u00f3gico de las operaciones. Asimismo, permite comprobar la trazabilidad del t\u00edtulo y su estado en un momento determinado. Est\u00e1n todos los elementos necesarios para construir un sistema de evidencia fiable.<\/p>\n
No obstante, hay que distinguir entre la viabilidad t\u00e9cnica acreditada por la prueba y el reconocimiento jur\u00eddico pleno del pagar\u00e9 electr\u00f3nico. Los servicios de confianza pueden proporcionar garant\u00edas sobre la identidad de los actores, la integridad de los datos, la fecha de las actuaciones y la conservaci\u00f3n de las evidencias, pero no pueden, por s\u00ed solos, suplir la falta de una norma que reconozca expresamente la equivalencia entre el control electr\u00f3nico y la posesi\u00f3n o entrega del t\u00edtulo, ni resolver las particularidades procesales relativas al ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria. La prueba de concepto demuestra que es posible una infraestructura t\u00e9cnicamente<\/strong> fiable, pero no permite afirmar todav\u00eda que el resultado tenga siempre la misma eficacia jur\u00eddica y procesal que el original en papel. Falta el sustento jur\u00eddico.<\/p>\n
En este modelo, el \u201coriginal\u201d electr\u00f3nico no debe identificarse con un archivo PDF descargable. Tal y como se ha comentado por el resto de validadores, el elemento jur\u00eddicamente relevante reside en el registro electr\u00f3nico<\/strong> y, en particular, en la inscripci\u00f3n \u00fanica del t\u00edtulo, su historial \u00edntegro y el estado de control que determina qui\u00e9n se encuentra legitimado en cada momento. Los documentos descargables deben tratarse como representaciones o paquetes de evidencia del registro. Tambi\u00e9n resulta esencial que la firma electr\u00f3nica cualificada no se limite a una visualizaci\u00f3n en PDF, sino que cubra los datos can\u00f3nicos de la operaci\u00f3n: identificador del t\u00edtulo, contenido, tipo de actuaci\u00f3n, estado anterior y posterior, identidad de los intervinientes, referencia a la operaci\u00f3n precedente y fecha de la actuaci\u00f3n.<\/p>\n
Para que el paquete de evidencia se pueda utilizar sin que su apariencia induzca a pensar que constituye el original, se recomienda (se indico las jornadas) utilizar un contenedor electr\u00f3nico ASiC-E (conforme a ETSI EN 319 162), que incluya tanto la informaci\u00f3n legible por personas como los datos y evidencias susceptibles de verificaci\u00f3n automatizada. El contenedor podr\u00eda incorporar un PDF\/A denominado, por ejemplo, \u201cInforme de evidencias del registro electr\u00f3nico\u201d, acompa\u00f1ado de los datos estructurados del t\u00edtulo y de su historial, las firmas y sellos, los sellos de tiempo, los certificados, la informaci\u00f3n de revocaci\u00f3n, los informes de validaci\u00f3n y las evidencias relativas a las facultades de representaci\u00f3n. En el PDF y en la interfaz deber\u00eda figurar de forma destacada una advertencia como: \u201cRepresentaci\u00f3n para consulta. No constituye el t\u00edtulo original, no es transmisible y no acredita por s\u00ed sola el control actual\u201d<\/strong>. Por la misma raz\u00f3n, deber\u00edan evitarse expresiones como \u201cdescargar original\u201d o \u201cdescargar pagar\u00e9\u201d. De esta forma se evitar\u00e1n confusiones.<\/p>\n
No existe una categor\u00eda jur\u00eddica aut\u00f3noma de \u201cpaquete de evidencia cualificado\u201d. La cualificaci\u00f3n debe aplicarse a los distintos componentes del paquete. Se recomienda emplear firma electr\u00f3nica cualificada para las declaraciones cambiarias realizadas por personas f\u00edsicas; sello electr\u00f3nico cualificado del operador o prestador para garantizar el origen y la integridad del paquete; sellos cualificados de tiempo para fijar la existencia y secuencia de los eventos; y servicios cualificados de validaci\u00f3n y archivo electr\u00f3nico para mantener su verificabilidad a largo plazo. La firma cualificada identifica al firmante, pero no demuestra necesariamente que tenga facultades suficientes para obligar a una sociedad. Por ello, debe conservarse tambi\u00e9n una evidencia fiable y temporalmente vinculada de la representaci\u00f3n, procedente del Registro Mercantil, de una fuente notarial o de una atestaci\u00f3n electr\u00f3nica de atributos. La cuesti\u00f3n de la representaci\u00f3n se trat\u00f3 en la mesa por parte de los validadores del registro y el notariado.<\/p>\n
La cualificaci\u00f3n del servicio de libro mayor reforzar\u00eda especialmente la prueba de que las inscripciones se han incorporado de manera \u00edntegra, \u00fanica, cronol\u00f3gica y secuencial. Aportar\u00eda, por tanto, una presunci\u00f3n reforzada sobre la integridad y el orden temporal del historial. Sin embargo, no convertir\u00eda autom\u00e1ticamente el registro en un pagar\u00e9 reconocido jur\u00eddicamente, ni acreditar\u00eda por s\u00ed sola la veracidad de todos los datos, las facultades de representaci\u00f3n, el control exclusivo conforme a los modelos internacionales sobre t\u00edtulos transferibles o la procedencia de la v\u00eda ejecutiva. Su valor ser\u00eda principalmente probatorio y de confianza institucional, por lo que en una primera fase no es justificable como requisito.<\/p>\n
Desde el punto de vista econ\u00f3mico, la cualificaci\u00f3n del libro mayor deber\u00eda valorarse conforme a un criterio de proporcionalidad. La cualificaci\u00f3n propia exigir\u00eda adaptar la arquitectura, las pol\u00edticas y los procedimientos, implantar controles de seguridad y continuidad, superar evaluaciones de conformidad y asumir una supervisi\u00f3n permanente, con inversiones iniciales que previsiblemente se situar\u00edan en varios cientos de miles de euros y costes anuales significativos. Por ello, para una primera implantaci\u00f3n parece m\u00e1s razonable utilizar un paquete de evidencia con componentes cualificados ya disponibles, mantener el libro mayor sujeto a auditor\u00eda independiente y reservar su cualificaci\u00f3n para una fase posterior, condicionada al desarrollo normativo y a la existencia de una demanda suficiente por parte de los usuarios. No se recomienda la cualificaci\u00f3n del servicio de libro mayor en una fase temprana.<\/p>\n
La prueba de concepto constituye una base t\u00e9cnica v\u00e1lida y ampliable. Como opini\u00f3n, la prioridad deber\u00eda ser asegurar que cada operaci\u00f3n quede vinculada a una identidad, a unas facultades de actuaci\u00f3n, a un instante verificable y a un estado inequ\u00edvoco del t\u00edtulo, evitando que las representaciones descargables puedan confundirse con el original. As\u00ed se permitir\u00eda ofrecer desde ahora una evidencia electr\u00f3nica robusta, sin atribuirle efectos jur\u00eddicos que todav\u00eda dependen del reconocimiento normativo del pagar\u00e9 electr\u00f3nico.<\/p>\n
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Agradezco la amable invitaci\u00f3n de Carmen Pastor Sempere a las Jornadas Cient\u00edficas Internacionales de Clausura del Proyecto PROMETEO LegalCripto CIPROM\/2022\/26 en la Universidad de Alicante.<\/p>\n
Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigaci\u00f3n del Ministerio de Ciencia e Innovaci\u00f3n: PID2022-137502NB-I00, \u00abBlockchain y Derecho societario (2). Bigdata, Fintech y la protecci\u00f3n del usuario de los servicios financieros\u00bb (II.PP. R. Pal\u00e1 Laguna y P.-J. Bueso Guill\u00e9n).<\/p>\n
Las opiniones y errores de este documento son exclusivamente m\u00edos.\u21a9\ufe0e<\/a><\/p>\n<\/li>\n
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ASCARELLI, T. Teor\u00eda general de los t\u00edtulos de cr\u00e9dito,<\/em> M\u00e9xico: Editorial Jus, 1947, lleg\u00f3 a afirmar que quien adquiere un cr\u00e9dito bajo el r\u00e9gimen del derecho com\u00fan adquiere una \u00abcaja de sorpresas\u00bb.\u21a9\ufe0e<\/a><\/p>\n<\/li>\n
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BROSETA PONT, M., Manual de Derecho Mercantil<\/em>, 1991, p\u00e1g. 550, apunt\u00f3 de forma l\u00facida que la m\u00e1s \u00e1gil y segura movilizaci\u00f3n de los derechos se consigue mediante su mobilizaci\u00f3n.\u21a9\ufe0e<\/a><\/p>\n<\/li>\n
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Obs\u00e9rvese que la Ley 14\/2014, de 24 de julio, de Navegaci\u00f3n Mar\u00edtima, admite expresamente el conocimiento de embarque electr\u00f3nico.\u21a9\ufe0e<\/a><\/p>\n<\/li>\n
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El truncamiento no modifica la naturaleza cambiaria del t\u00edtulo ni desplaza al original como fundamento de la legitimaci\u00f3n.\u21a9\ufe0e<\/a><\/p>\n<\/li>\n
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I am grateful to Carmen Pastor Sempere for her kind invitation to the International Scientific Closing Conference of the PROMETEO LegalCripto Project CIPROM\/2022\/26 at the University of Alicante. This work was undertaken within the research project of the Spanish Ministry of Science and Innovation PID2022-137502NB-I00, \u2018Blockchain and Company Law (2): Big Data, Fintech and the Protection of Users of Financial Services\u2019 (Principal Investigators: R. Pal\u00e1 Laguna and P.-J. Bueso Guill\u00e9n). The views expressed, and any errors, are mine alone.\u21a9\ufe0e<\/a><\/p>\n<\/li>\n
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T. Ascarelli, Teor\u00eda general de los t\u00edtulos de cr\u00e9dito<\/em> (Mexico: Editorial Jus, 1947), went so far as to assert that one who acquires a claim under the general law acquires a \u2018box of surprises\u2019.\u21a9\ufe0e<\/a><\/p>\n<\/li>\n
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Broseta Pont, Manual de Derecho Mercantil<\/em> (1991), p.\u00a0550, lucidly observed that the swiftest and most secure movilizaci\u00f3n<\/em> of rights is achieved through their mobilisation\u21a9\ufe0e<\/a><\/p>\n<\/li>\n
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It is to be noted that Law 14\/2014 of 24 July on Maritime Navigation expressly recognises the electronic bill of lading.\u21a9\ufe0e<\/a><\/p>\n<\/li>\n
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