Alicante, 6 de octubre de 2026

El proyecto PROMETEO LegalCripto ha presentado seis alegaciones en el trámite de audiencia e información pública abierto por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública sobre el proyecto de real decreto por el que se regula el ecosistema de cartera europea de identidad digital en España de acuerdo con el marco europeo de identidad digital.

El escrito lo formula la catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante María del Carmen Pastor Sempere, investigadora principal del proyecto.

Ficha del trámite en el portal del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Un trámite abierto por vía de urgencia

El plazo de participación va del 2 al 13 de octubre de 2026. Es un plazo breve, y la razón consta en la propia ficha del Ministerio. El Consejo de Ministros acordó el 29 de septiembre de 2026 la tramitación administrativa urgente del proyecto conforme al artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, lo que supone que no se practique el trámite de consulta pública previa del artículo 26.2 y que la audiencia haya de evacuarse en siete días hábiles conforme al artículo 27.2.b).

Esa compresión del procedimiento hace más necesaria, y no menos, la aportación de quienes han trabajado sobre la materia.

Qué sostienen las alegaciones

Las seis alegaciones se ocupan de una cuestión que el proyecto de real decreto deja sin resolver, la acreditación electrónica de las facultades de representación.

Identificar a quien firma y acreditar que puede obligar a otro son dos problemas distintos. Una identificación correcta atribuye la firma a una persona física, pero no dice con qué facultades actúa. El marco europeo ya ha visto el problema. El anexo VI del Reglamento (UE) 910/2014, en la redacción dada por el Reglamento (UE) 2024/1183, incluye en su punto noveno las facultades y mandatos para representar a personas físicas o jurídicas, y su artículo 45 sexies obliga a los Estados miembros a habilitar el cotejo electrónico de esos atributos cuando se basen en fuentes auténticas del sector público.

El plazo de ese artículo 45 sexies corre desde la entrada en vigor de unos actos de ejecución determinados, que son los mismos de los que depende la obligación de proporcionar una cartera europea. Ambas obligaciones vencen, por tanto, a la vez, y el desarrollo nacional ha de prever desde ahora cómo se verificarán las facultades y no solo cómo se identificará a las personas.

Las alegaciones se construyen sobre el trabajo de investigación del proyecto y sobre la experiencia de sus dos pruebas, la experiencia piloto AL-COIN y la prueba de concepto del pagaré tokenizado, cuyos resultados se sometieron al contraste de la Mesa de Validación celebrada en Alicante el 29 de septiembre de 2026.

Enlace al trámite

Ficha oficial del trámite en el portal del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Audiencia e información pública sobre el proyecto de real decreto por el que se regula el ecosistema de cartera europea de identidad digital en España.

Proyecto PROMETEO LegalCripto, referencia CIPROM/2022/26, financiado por la Generalitat Valenciana.